En un fallo de alto impacto político e institucional, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el 26 de junio, dejó firme la medida cautelar que obliga al Poder Ejecutivo a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario. La resolución del máximo tribunal exige la actualización por inflación tanto de los sueldos de las y los trabajadores docentes y Nodocentes, como de los montos destinados a las becas estudiantiles.
La decisión judicial desestimó por unanimidad el recurso extraordinario presentado por el Gobierno nacional, mediante el cual se buscaba frenar la actualización de las partidas presupuestarias. Si bien el fallo dispone la recomposición inmediata de los salarios y de la ayuda económica a estudiantes, la Corte dejó fuera del alcance de esta cautelar la restitución de otros gastos de funcionamiento y programas de asistencia previstos en la norma.
El litigio había sido iniciado en octubre del año pasado a partir de una solicitud presentada por el todo el sistema universitario público. Tras obtener fallos favorables tanto en primera como en segunda instancia, la causa llegó a la última instancia judicial, donde los ministros de la Corte convalidaron las decisiones previas y dieron respaldo al reclamo de las casas de altos estudios.
Desde APUBA y junto a toda la comunidad universitaria celebramos el dictamen judicial y reafirmamos nuestra postura institucional frente a las políticas presupuestarias del Ejecutivo. Como expresamos desde el comienzo de esta disputa: en democracia las leyes deben cumplirse estrictamente. Por ello, valoramos este paso y ratificamos la decisión firme de continuar reclamando por la aplicación plena e integral de la Ley de Financiamiento Universitario.