Desde el comienzo de este largo conflicto afirmamos que se trataba de una disputa mucho más amplia que la mera distribución de los recursos. Que si bien ya en los primeros meses de la gestión que se inició en diciembre de 2023 el Gobierno Nacional había impuesto un ajuste salarial brutal sobre Docentes y Nodocentes, el enfrentamiento excedía lo presupuestario. Dicho de otra manera, el aplastamiento económico era el resultado, la consecuencia más palpable de una concepción que regía e impera incluso hoy en las entrañas de esta administración.
Esa mirada sobre el desarrollo de nuestro país que está en el centro del plan económico “libertario” no reserva para las Universidades Públicas lugar alguno. Este es un dato que es importante tener en cuenta a la hora de analizar lo sucedido a lo largo de todo este período. Docentes y Nodocentes, con sus organizaciones sindicales representativas y podríamos decir el conjunto de la comunidad universitaria se enfrentó y se enfrenta a una situación inédita que abarca mucho más que la pérdida de poder adquisitivo de nuestros salarios, que hay que decirlo, es la más grande desde el retorno de la democracia.
Por eso durante todo este tiempo la disputa no fue solo contra el gobierno, con las relaciones de fuerza propias de todo conflicto salarial, sino una batalla aún más compleja por la atención de la sociedad: aquí lo que está en juego es la supervivencia de las Universidades, de su rol en la movilidad social, de su poder como herramienta de futuro. Esto es lo que el gobierno amenaza y lo que la sociedad puntual y masivamente ha salido a defender en cada una de las marchas federales.
Para convocar a esa sociedad a acompañarnos en esta pelea de largo aliento (llevamos casi tres años de litigio, considerando lo legislativo y lo legal, analizados en otra nota) ha sido necesario apelar a distintas estrategias para no cansar ni cansarnos. Tuvimos que afrontar el desafío de diseñar nuevas herramientas de lucha para hacer visible la tragedia que está ocurriendo al interior de nuestras instituciones. Sacar afuera el conflicto, llevarlo al conjunto social para que no queden dudas de lo que puede perderse irremediablemente si esto no se soluciona.
En ese camino, recientemente llevamos adelante un plan de lucha que incluyó ¡23! días de Paros rotativos: una facultad o instituto por día. 23 jornadas de Paro en la UBA, en las que Docentes y Nodocentes paramos por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, para exigirle a la Justicia que garantice la aplicación plena de esa Ley.
Muchas de esas jornadas que abarcaron desde el 21 de septiembre al 23 de octubre incluyeron actividades de visibilización en cada repartición. También nuestro espacio de Juventud hizo lo propio y la Secretaría Asistencial organizó controles de salud primaria abiertos a la población en general en el Hospital de Clínicas, el Instituto Lanari, el Instituto Roffo y el Vaccareza, en el marco del Día de la Sanidad. Esta última fue una actividad muy emotiva y a la vez muy útil para mostrar ese costado de una tarea imprescindible: porque el recorte aplasta la educación en las aulas pero el ajuste en la salud enferma, se mide en vidas en la rutina diaria de nuestros Hospitales.
La Marcha Federal Universitaria del pasado 15 de octubre merece una mención especial. Una frondosa columna de APUBA marchó nuevamente junto a estudiantes, docentes y autoridades. La represión desatada por las fuerzas de seguridad hacia el final del acto no consiguió amedrentarnos. Más bien mostró la impotencia gubernamental, su carencia de argumentos y la tenacidad de la protesta. Por quinta vez en apenas dos años, la sociedad llenó masivamente las calles de las principales ciudades de nuestro país en demanda de la aplicación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada hace más de un año.
De esta manera y lo decimos hoy con orgullo, pudimos hacer visible nuestro reclamo y al mismo tiempo cuidamos esa Universidad que el Gobierno quiere destruir. Ese lugar que consideramos nuestra casa y que vamos a defender hasta el final. Lo hicimos en unidad como marca nuestra historia y en coordinación con los distintos actores de la UBA, con la férrea convicción de que nuestra lucha es legítima y la certeza de que tarde o temprano vamos a alcanzar el objetivo que buscamos: en democracia la ley debe cumplirse.