lunes, 09 Nov 2009 12:00 PM
Al momento del cierre de esta edición de La Posta, terminaba de sancionarse la ley que establece el régimen de jubilaciones para los trabajadores docentes universitarios basado en el 82% móvil. A esta altura de los acontecimientos, todos entendemos que este tipo de jubilación constituye la mejor alternativa, dado que permite calcular el haber previsional como el 82% del sueldo que el trabajador tenía en su carácter de activo, a lo que se agrega la cláusula de movilidad que asegura el “enganche” entre sueldo y jubilación.
De ese modo, aumentos futuros en los haberes de los trabajadores activos implican, automáticamente, incrementos de igual porcentaje en el haber jubilatorio.
No ha habido voces que hayan puesto en duda la legitimidad de la pretensión de los compañeros docentes de que su régimen jubilatorio se lleve al sistema de 82% móvil, inclusive en el Congreso el proyecto se aprobó por unanimidad. No admite discusión el hecho de que en todos los casos este nuevo régimen va a implicar un aumento en las jubilaciones. Y tampoco nadie podría argumentar que este reconocimiento al derecho que les cabe a una parte de los trabajadores universitarios, también debería extenderse a la otra parte de los trabajadores que sostenemos el funcionamiento de la Universidad Pública a partir del esfuerzo nuestro de todos los días.
Sin embargo, el anteproyecto de ley claramente establece un alcance restringido que sólo involucra a los trabajadores docentes e ignora a los demás. Desde un principio, los no docentes planteamos nuestra pretensión de que se corrija esa inequidad y el propio Consejo Superior de la Universidad se pronunció contundentemente en el sentido de nuestro requerimiento. También los funcionarios de los Ministerios con incumbencia en la cuestión y los integrantes de las Comisiones de Parlamento que trabajan los temas de seguridad social recibieron el reclamo que el conjunto de los trabajadores no docentes canalizó a través de APUBA. No obstante, los indicios conducen a concluir que nuestra pretensión no ha encontrado, hasta aquí, la recepción que pretendemos.
Recientemente la Federación anunció la presentación concreta de un proyecto de Ley auspiciado por dos diputados y desde cada uno de nuestros espacios gremiales seguimos trabajando en la búsqueda de alternativas que nos permitan alcanzar el objetivo de una jubilación digna, en los mismos términos que los compañeros docentes y en similar condición a la que supimos tener algunos años atrás.
La respuesta concreta y efectiva a esta demanda no docente devolvería la equidad a la Universidad Pública y constituiría una reparación histórica para los trabajadores. No estamos pretendiendo un tratamiento privilegiado en relación a otros, simplemente exigimos que nos devuelvan lo que alguna vez fue nuestro y que el espacio de la Universidad no sea, en esto, un ámbito de discriminaciones y desigualdades.
Hugo Panelo
Secretario de Prensa y Difusión
