miércoles, 28 Ago 2024 17:45 PM
La COMISIÓN DIRECTIVA de APUBA expresa su máximo repudio a los dichos del Ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, en ocasión de ser llamado a dar explicaciones ante la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados de la Nación respecto de las políticas públicas del gobierno nacional para el abordaje de la violencia de género.
En nada sorprende su intento de justificación respecto del cierre de organismos fundamentales para llevar a cabo esas políticas ya que desde el inicio de la gestión de gobierno observamos un desbaratamiento, a través del cierre o desfinanciamiento, de programas y áreas de gobierno relacionadas con todo lo concerniente a derechos humanos, género y diversidad.
En su exposición, además, el ministro da un paso más en el desconocimiento de los derechos fundamentales de las mujeres y diversidades, al demostrar al menos una gran ignorancia de las leyes vigentes, sancionadas por el Congreso de la Nación en virtud de compromisos asumidos por el Estado al firmar y ratificar tratados y convenciones internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional en virtud del art. 75 inc. 22 de nuestra Constitución Nacional.
Esta normativa internacional, entre las que podemos mencionar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) de 1979, la Convención de Belem do Pará para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, de 1994, la Convención internacional sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes de 1990 y los Principios de Yogyakarta de 2007 sobre la Aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, no sólo establecen la prohibición de discriminación y la sanción ante su incumplimiento sino que obligan a los Estados partes, entre los que se encuentra Argentina, a diseñar e implementar políticas públicas para su prevención y eliminación, generando responsabilidad internacional ante su incumplimiento.
Especialmente relacionado con las manifestaciones del Ministro de Justicia, están los Principios de Yogyakarta, ya que son la base legal sobre la que se elaboró en nuestro país la Ley de Identidad de género Nº 26.743, sancionada en mayo de 2012, que establece la obligación de reconocer y respetar la identidad de género adoptada por las personas, en el marco de un trato digno (Art.12) y que toda norma, reglamentación o procedimiento deberá respetar el derecho humano a la identidad de género de las personas (Art.13).
En vistas del desconocimiento del actual gobierno respecto de las normas fundamentales que rigen nuestras vidas, se torna de vital importancia exigir el cumplimiento de la Ley de Identidad de Género y de leyes tales como la Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley Nacional de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, (Ley N° 26.485) la Ley de Educación Sexual Integral (Ley Nº 26.150) y la Ley Micaela (ley Nº 27.499) que tiene como objetivo la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres y personas LGTBI+ para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
El negacionismo respecto al sistema de géneros y sus jerarquías de poder que rige nuestra sociedad y desconocer que nuestras vidas e identidades se constituyen a partir de mandatos socio culturales que nos condicionan y discriminan, nos lleva a un peligroso retroceso de más de un siglo de luchas y conquistas de reconocimientos de derechos a los que no vamos a renunciar.
Exigimos el reconocimiento cabal de nuestros derechos, plasmados en las leyes de nuestro país que han sido pioneras y ejemplos para los países de todo el mundo y que encuentran su sustento en las normas del derecho internacional de los derechos humanos y exigimos políticas activas para la prevención, eliminación y sanción de todo tipo de violencia y discriminación hacia las mujeres y personas del colectivo LGTBIQ+
