Ya desde los inicios mismos de la actual gestión del Gobierno Nacional las cosas estuvieron claras. Después de una ingeniosa campaña electoral en la que el entonces candidato Javier Milei esgrimía una enorme motosierra en cada aparición pública y juraba que el ajuste que él mismo prometía y deseaba recaería en la “casta política”, llegó el triunfo en el balotaje y posteriormente la asunción del gobierno libertario el 10 de diciembre de 2023. 

A las pocas semanas de haber asumido, con una inflación que cada día que pasaba se aceleraba más (llegó al 25,5% en ese primer mes y a 20,6% en enero 2024) producto de una fuerte devaluación que alcanzó el 118%, los trabajadores y trabajadoras universitarios supimos, sin lugar a dudas, que este gobierno venía a destruir el salario y el empleo público. Con especial énfasis en dos sectores: salud y educación. Si bien esto podía preverse, una vez al mando del poder ejecutivo, no hubo ya lugar para ninguna distracción posible. 

El recorte más abrupto fue llevado a cabo en esos primeros meses. La escalada inflacionaria no fue acompañada por aumentos salariales semejantes, sino por sumas infinitamente menores. La Paritaria misma, espacio de negociación y diálogo entre la representación gremial y la administración nacional, se transformó rápidamente en un trámite express en el cual el Gobierno, a través de los funcionarios del área educativa, simplemente se limitó a anunciar el aumento de cada período, como dijimos absolutamente menor. 

Fue así que al finalizar el primer semestre de 2024, trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes ya habíamos sido despojados de la mitad de nuestro poder adquisitivo. Parece increíble leerlo pero esto fue lo que pasó. No hay antecedentes desde el retorno de nuestra valiosa democracia de un deterioro salarial similar en tan poco tiempo.

Frente a ello, con una negociación paritaria que se revelaba estéril en la práctica, las organizaciones sindicales universitarias se vieron obligadas a buscar distintos métodos para reclamar y presionar por la situación salarial. Paros, jornadas de visibilización, abrazos simbólicos, clases públicas y otras medidas se fueron sucediendo con el tiempo, en un continuo que tuvo sus grandes hitos en las, hasta el momento, cuatro marchas federales universitarias que se encuentran entre las más masivas de las últimas décadas. Allí pudo observarse el lugar que la educación pública ocupa en nuestra historia y en las entrañas mismas de nuestro pueblo.

Pero no solamente estas medidas fueron las actividades generadas por la comunidad universitaria. El escenario, inédito como dijimos, comenzó pronto a abrirse en tres dimensiones. Como un juego de damas chinas, al tablero sindical tradicional, compuesto por marchas, paros, negociación paritaria, etc, se le adosaron en el camino dos nuevos tableros: el legislativo y el judicial.

En el plano legislativo, APUBA y el resto de las organizaciones mantuvieron desde comienzos de 2024 reuniones junto a legisladores de las distintas fuerzas para concientizarlos sobre la grave situación de las Universidades Nacionales y acerca de la necesidad de obtener una Ley que garantizara una base mínima de financiamiento y recuperación salarial. Así, a mediados de 2024 se aprobó la Ley que declaraba la “emergencia presupuestaria” y ordenaba la recomposición buscada. Pero a las pocas semanas el Presidente Milei vetó la norma y ese mismo veto no pudo ser frenado por no alcanzar la difícil marca exigida por la Constitución Nacional de los dos tercios de ambas Cámaras. La lucha siguió así por otras vías ya que el terreno legislativo estaba anulado en el ejercicio de ese año. Pero en 2025 llegaría la revancha: nuevamente luego de gestiones con legisladores de diferentes fuerzas políticas y por el apoyo masivo de toda la sociedad manifestado en las subsiguientes marchas, la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795 fue sancionada y el previsible veto presidencial esta vez sí fue derrotado al alcanzarse la mayoría absoluta requerida en ambas cámaras. Digámoslo con claridad: la Ley establece, entre otras cosas, que los salarios docentes y nodocentes deben actualizarse conforme la variación acumulada de la inflación (medida por IPC) desde el 10 de diciembre de 2023. La batalla legislativa se había coronado con una enorme victoria.

Sin embargo, desde ese momento, el Gobierno Nacional se ha venido negando a cumplimentarla de manera completa, bajo argumentos presupuestarios de escasa validez. Eso determinó que la disputa se iniciara también en el terreno judicial. Este tercer tablero, con sus tiempos y artimañas conocidas, es el que viene enfrentando la comunidad universitaria en su conjunto, con diferentes victorias parciales a partir de las demandas presentadas, que incluyen hasta el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Si bien hasta el momento, todas las veces que la justicia argentina dictaminó sobre el tema lo hizo dando la razón a las Universidades, el gobierno nacional ha hecho uso de todas las apelaciones y demoras posibles, en un escenario realmente disparatado. 

Ni siquiera el acuerdo, temporal y paliativo, alcanzado en junio de 2026 superaba la mitad de lo que la Ley determina. Fue simplemente una escala, necesaria pero insuficiente, hacia la activación definitiva de la norma que nunca llegó. Frente a esta situación y constatando durante todo este largo camino que es intención visible de quienes conducen el país destruir por completo las Universidades Públicas, la acción gremial fue buscando diferentes alternativas de protesta y presión en busca de nuestros objetivos sin descuidar el funcionamiento de la Universidad, herramienta de movilidad social y lugar de pertenencia de quienes trabajamos en ella. Por eso, en esta última etapa, se ha procurado sostener el reclamo sin cesar por entero ni el dictado de clases, ni la salud pública de nuestros Hospitales, donde se atienden los sectores más necesitados del pueblo argentino.  

En estas semanas, se optó por establecer un extenso cronograma de paros por Facultad, de manera de visibilizar el conflicto pero al mismo tiempo no dañar severamente la función de nuestras Universidades. Se trata de una medida que abarca más de veinte días hasta culminar en la 5ta Marcha Federal Universitaria, que estimamos será masiva a lo largo y a lo ancho de nuestro país, para conseguir alcanzar la implementación definitiva de la Ley de Financiamiento Universitario como lo aprobó el Congreso de la Nación y lo exige la Justicia argentina. 

En esta disputa de largo aliento, ya no hay espacio para más dilaciones. En democracia la Ley se cumple. Y no vamos a parar hasta lograrlo.